Ostula Culture and Defiance
 

Derechos Indígenas y Autonomía Hoy

La rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas en 1994 dio un ímpetu grande al movimiento de derechos indígenas en México al señalar el sistema de discriminación y desventajas que tienen que encarar muchos de los ciudadanos mexicanos que continuan a preservar una identidad indígena, no solo en términos de condiciones de vida, acceso a salud, bienestar social y servicios públicos, sino también en términos de disfrute de derechos políticos, cívicos y humanos. Cuando el presidente Vicente Fox puso fin en el año 2000 al monopolio de más de setenta años de poder del Partido Revolucionario Institucional, prometió enviar al Congreso una nueva Ley Indígena basada en el borrador preparado por la Comisión para la Paz y Concordia (COCOPA) quien había sido mediador en las negociaciones entre los Zapatistas y el gobierno de Ernesto Zedillo, predecesor de Fox. Este borrador incorporaba los principios acordados que habían sido firmados tanto por el gobierno como los rebeldes en San Andrés Larrainzar, si bien el gobierno de Zedillo los rechazó luego.

El Senado modificó el borrador de ley de una forma en la que su intención de garantizar a los grupos indígenas un alto grado de autonomía en su organización fue corrompida. Las modificaciones también redujeron los derechos de los indígenas a decidir sobre como debieran ser usados los recursos dentro de sus regiones en futuros planes de desarrollo, por lo que de una manera se dio prioridad a la defensa de los intereses de las empresas transnacionales y de los intereses no indígenas de México. Esto provoco insatisfacción generalizada, pero los defensores de la versión modificada de la ley arguyeron que muchos de los puntos importantes de la legislación serian clarificados en leyes estatales, ya que los conflictos variaban enormemente de región en región. Esto hizo que los esfuerzos se retomaran en campañas por leyes indígenas en los diferentes estados.

Hacia una Ley Indígena en Michoacán

Las elecciones estatales de 2001 dejaron el gobierno de Michoacán en manos del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El nuevo gobernador, quien tomo pose en febrero del siguiente año, es Lázaro Cárdenas Batel, nieto del presidente reformista que presidió México desde 1934 hasta 1940. Aunque Lázaro Cárdenas Batel había votado en el Senado a favor de las modificaciones al borrador de la COCOPA, admitió después que esto había sido un error y prometió aprobar una ley mejor a nivel estatal.

Aunque la crisis de Chiapas fue un factor importante en el desarrollo de una política de derechos indígenas, estados tales como Michoacán tenían desde hace tiempo sus propios movimientos indígenas, centrados en las comunidades P’urhépecha de la región central del estado. Los indígenas son una minoría pequeña (3.5%) del total de la población del estado, pero los líderes P’urhépechas (que en su mayoría son profesionales educados) han conseguido una voz política, aun cuando no sea una muy decisiva. Un movimiento P’urhépecha en especial, la Nación P’urhépecha (Organización Nación P’urhépecha), ha presentado una propuesta radical para la ley indígena estatal, según la cual se crearía una especie de estructura paralela administrativa para tratar de todos los aspectos de la vida en las zonas con una mayoría de población indígena. La nueva ley garantizaría a las comunidades indígenas control absoluto de todos los recursos en sus territorios (incluyendo recursos minerales y costeros) y el nuevo Consejo de Pueblos Originarios tendría la palabra final sobre decisiones en asuntos agrarios, al igual que en la administración de programas de desarrollo social, de educación y de medio ambiente. Seria, de hecho, un aparato de gobierno para la población indígena, financiado a través de impuestos y que recibiría los presupuestos que en la actualidad se asignan a los programas que tienen a las comunidades indígenas como objetivo.

Aunque el gobernador Cárdenas Batel ha dicho que es personalmente simpatizante de las opciones más radicales, también ha enfatizado el hecho de que la dificultades políticas prácticas que el convencer a un Congreso estatal de mayoría no indígena supone. también ha puesto énfasis en la necesidad de que los P’urhépechas se aseguren de la participación de los otros grupos indígenas del estado. Uno de los resultados de esta política fue el Forum Indígena que tuvo lugar en Aquila en octubre de 2002, en el que activistas de Ostula desempeñaron un papel prominente. Este foro tendría que elegir representantes para un nuevo Consejo Indígena propuesto como medida provisional por el gobernador, junto con la elaboración de propuestas y recomendaciones para la elaboración de políticas (propuestas basadas en la discusión en las comunidades de una pauta de trece cuestiones propuestas por el gobierno).

El sistema creado por el gobierno del estado no le otorgaba al Consejo Indígena, que estaría formado por representantes de las autoridades civiles y/o agrarias de las comunidades, muchos poderes reales. Pero al mismo tiempo, y a ojos de algunas personas, dejaba mucha influencia en manos de una única persona,-quien debía ser un “profesional” indígena como por ejemplo un profesor- elegida para ser coordinador de desarrollo social. Otro de los puntos polémicos es que el enfoque del gobierno del estado parece reproducir el modelo neoliberal bajo el cual los apoyos a las actividades productivas por parte del estado dependen de una contribución económica por parte de los beneficiados que simplemente no es posible para la mayoría de los indígenas, aunque también incluye algunos programas asistencialistas, que son dirigidos hacia las familias a través de las mujeres y ancianos. Aunque estos programas asistencialistas son generalmente bienvenidos en las comunidades, son también criticados por activistas indígenas como medidas diseñadas para desviar la atención de las propuestas más radicales presentadas.

¿Es posible la autonomía indígena?

Está claro que existen obstáculos políticos serios para la consecución del ambicioso plan de autonomía como autodeterminación presentado en el borrador de ley de la Nación P’urhépecha (y en las propuestas del EZLN). también hay un sinnúmero de dificultades prácticas en conseguir la autonomía económica dadas las condiciones de hoy en día, aun cuando las comunidades están unidas en su lucha contra los intereses externos y los faccionalismos políticos internos a las comunidades no complican aun más la situación. Otra dificultad practica en Michoacán es el hecho de que indígenas y no indígenas viven a menudo juntos de forma que dificulta la definición de las unidades espaciales que corresponderían al “territorio” indígena a efectos agrarios y administrativos, si bien parte de estos problemas se podrían solucionar reconfigurando los municipios michoacanos. No obstante, también hay posibilidades muy interesantes en estas propuestas desde el punto de vista del desarrollo de modelos de “desarrollo alternativo” viables, adaptados a las necesidades y aspiraciones locales, especialmente en la propuesta de crear nuevas estructuras democráticas de gobierno regional que estén por encima de la comunidad y de los municipios ya existentes. El caso de Ostula es la excepción en el sentido de que hay muy pocos no indígenas viviendo dentro del territorio comunal, siendo que todas las comunidades poseen hoy en día instituciones de gobierno comunal que pueden ser reforzadas como formas realmente inclusivas de practicar la democracia a nivel local, aun cuando existan casos de reñidos conflictos internos. El desarrollo de una nueva política de derechos indígenas y autonomía puede, de hecho, proveer nuevas motivaciones para las superar las fisiones y diferencias.

La política identitaria indígena puede ser vista como la respuesta a los efectos cada vez más excluyentes del modelo neoliberal y de la polarización social que este ha producido, como una forma de asegurarse los beneficios que de otra forma se les niega a otras poblaciones también pobres. El interés de las empresas transnacionales por la biodiversidad, recursos minerales y potencial turístico de las regiones donde viven indígenas también ha hecho que la controversia en torno a la “autodeterminación” sea mayor. Algunas personas rechazan las demandas del movimiento de derechos indígenas basándose en el hecho de que solo algunos de los descendientes de los habitantes originarios de las tierras colonizadas se encuentran hoy en día en una posición adecuada para demandar tales derechos. Algunos de los vecinos mestizos de la gente de Ostula son tan pobres como ellos, y muchos de los mestizos que viven en las ciudades de México (junto con un gran número de migrantes que todavía conservan su identidad indígena) son descendientes de indígenas que fueron obligados a abandonar sus tierras y a migrar en el pasado (experiencia por la que pasaron los antiguos comuneros de Maquilí). Los derechos indígenas parecen depender de la posesión continua de una identidad y cultura que el mundo exterior accede a reconocer como “diferente” (a pesar del hecho de que la cultura que la gente vive esta en un proceso de cambio constante). En el caso de Ostula, ya no se habla náhuatl, aunque la comunidad conserva otros aspectos y practicas culturales y un sentido fuerte de su identidad especial y de su “diferencia” ¿Es esto lo que lleva a poder argüir un tratamiento especial en términos de políticas publicas?

Algunos responderían a esta pregunta con un no rotundo. Otros argumentarían que la única forma de trato especial basada en cuestiones de identidad y cultura seria en el campo de apoyos para preservar sus practicas culturales especiales (o para convertirlas en atracción turística). Todas las otras demandas de la comunidad deberían estar basadas en criterios universales relacionados con los problemas de pobreza y exclusión que también sufren los ciudadanos de diversas practicas culturales e identidades. Pero, ¿por qué debieran aceptar las gentes de Ostula estos argumentos? A través de sus propios esfuerzos reconstruyeron sus vidas tras un periodo de mucho sufrimiento y explotación, pasando a estar los siguientes 400 años defendiendo su territorio y afirmando su disposición a administrar sus propios asuntos de la manera que les conviniese. No se rehusaron a participar en el proyecto de construcción de una nación independiente y todavía desean pertenecer a esta nación, cumpliendo sus deberes como ciudadanos y recibiendo a cambio los derechos de naciones libres e igualitarias. Hoy en día muchos de ellos se ven forzados a buscar su modo de vida fuera de las fronteras nacionales, y muchos otros tienen que migrar temporalmente dentro de las fronteras de México. La asistencia al desarrollo social que reciben no es especialmente generosa y su acceso a servicios médicos y de educación superior es menor que la de otros ciudadanos que viven en otras partes del estado. Todo lo que desean es que les permitan considerar el pedazo de México donde viven como propio, y ejercitar en el su autonomía para administrar su patrimonio y sus asuntos internos.

El movimiento de derechos indígenas ha reconocido la necesidad de transformar algunas de las prácticas “tradicionales” para hacer que la autodeterminación sea coherente con los derechos humanos individuales y los derechos de las mujeres, siendo que estos son, de cualquier manera, problemas que no solo existen dentro de las comunidades que mantienen una identidad indígena. Es difícil ver como las demandas de autonomía perjudican los intereses vitales de otros grupos que también deberían ser tomados en cuenta en el contexto de la costa de Michoacán, aunque claramente perjudican los intereses de actores más poderosos que tienen interés por controlar los recursos y territorio comunales. Independientemente de lo que los actores de fuera de la comunidad piensen, parece poco probable que las gentes de Ostula cesen en lo que han defendido con tanta tenacidad y éxito. De hecho es mucho más probable que los miembros de esta comunidad pasen a desempeñar un papel cada vez más importante dentro de las nuevas políticas indígenas del estado de Michoacán y del movimiento indígena nacional y continental.

Adobe Acrobat Logo Articulo sobre la propuesta de Ley Indígena de la Organización Nación P’urhépecha y texto completo de la misma, de la revista Relaciones, del Colegio de Michoacánan (en castellano).

Foro indígena, Aquila, Octubre de 2002

Speech at the Foro Indigena

Attendees at the Foro Indigena

 

Content John Gledhill (john.gledhill@man.ac.uk)