Ostula Culture and Defiance
 

Historia Moderna

En 1805, una fundición de hierro fue establecida en Coalcomán. Debido a que en breve pasó a fornecer a las tropas insurgentes del sur de México, la ciudad fue saqueada por fuerzas reales en 1811 y 1813. La destrucción se expandió hacia Maquilí, donde nuevos hornos habían sido establecidos usando menas de hierro de una mina en Aquila. A la acción militar le siguió una hambruna y una serie de temblores y varios brotes de cólera durante los siguientes veinte años que, junto con la plaga de langostas de 1856, contribuyeron a la devastación de la costa. Coahuayana fue particularmente castigada por su militancia en la Insurgencia y no consiguió recuperar su antigua prosperidad hasta finales de la década de 1860. Aunque Coalcomán recuperó su status como centro administrativo regional y sus minas fueron reabiertas a finales de 1820. No obstante las sierras fueron dominadas por grupos rebeldes “federalistas”, sufriendo también el efecto de otros grupos de bandidos que no tenían motivaciones políticas, desde 1834 hasta la victoria de los liberales liderados por Santa Ana en 1854. Debido a su posición geográfica aislada, el distrito de Coalcomán fue más una vez base de operaciones guerrilleras durante la Intervención francesa y el “imperio” de Maximiliano de Habsburgo (1863-1867).

1856 fue el año en el que el gobierno liberal de Ciudad de México promulgó la Ley Lerdo, mediante la cual se ordenaba la desamortización de toda la propiedad corporativa. El principal objetivo era la desamortización de las tierras en manos de la Iglesia, siendo que fue la nacionalización de todas las propiedades de la iglesia lo que llevó a una nueva guerra civil y nueva invasión extranjera. Pero la Ley Lerdo también buscaba transformar las propiedades comunales en manos de comunidades indígenas en propiedades privadas. Ya existían de hecho leyes en Michoacán que se anticiparon a esta legislación nacional, notablemente la Ley y Reglamento sobre Reparto de Bienes Comunales de 1851. Liberales radicales de Michoacán tales como Melchor Ocampo presentaban la privatización de las tierras comunales como una medida de protección para los indígenas no sufrir abusos a manos de propietarios privados, como modo de rescatarlas de su pobreza y convertirlos en ciudadanos “libres e iguales” dentro una nación moderna. La necesidad de esta estrategia para evitar conflictos sociales también fue reseñada por defensores de la reforma liberal de tierras de corte mas conservador, tales como el Canónigo de la Catedral de Morelia Dr. José Guadalupe Romero, quien era un entusiasta partidario del Emperador Maximiliano. Romero presentó al emperador un ambicioso plan para el “desarrollo” de la región de Coalcomán tanto como centro industrial como centro de la agricultura moderna capitalista y explotación maderera. La transformación de la bahía de Maruata, en el territorio comunal de Pómaro, en un puerto internacional importante era una parte central de esta estrategia. Maruata, que ya funcionaba como salida para el comercio estraperlista cuando Romero publicó sus propuestas en 1864, recibió más tarde reconocimiento como puerto, aunque a finales del siglo XIX ya había dejado de operar. En las ultimas décadas de funcionamiento su función principal era en el comercio de madera. Desde 1863 varias compañías Norteamericanas habían firmado contratos con las comunidades indígenas para la explotación de maderas valiosas.

Aunque la inestabilidad política previno la implementación inmediata del plan de Romero, el principio de fomentar en la región un nuevo modelo de desarrollo capitalista fue muy bien acogido entre la elite criolla que controlaba el poder político en Coalcomán. La población no indígena de Coalcomán se había incrementado constantemente desde principios de siglo, a pesar de las revueltas, y comenzó a crecer de un modo acelerado después del imperio de Maximiliano, gracias a dos ondas migratorias de rancheros mestizos. Estos rancheros, originarios de la región de los Altos de Jalisco, llegaban hacia las Tierras Bajas de Michoacán alrededor de la ciudad de Zamora, estableciéndose en los pueblos de Cotija y Peribán, en la frontera con la Tierra Caliente. Junto con la cría de ganado también se dedicaban al comercio de ganado y a ser arrieros, conectando las fértiles planicies de Zamora con las haciendas que producían ganado y cultivos tropicales en la Tierra Caliente y con la Sierra de Coalcomán hasta Colima. Las comunidades indígenas de la costa formaban parte de esta vasta red de comercio interregional. Los primeros migrantes en llegar a Coalcomán de la región de Cotija-Peribán extendieron simplemente procesos anteriores y buscaban nuevas tierras para cultivo, si bien la migración también tenia un componente de clase, ya que ofrecía una alternativa al trabajo como mediero en tierras de otra persona. Las posibilidades de reunir un hato de ganado de tamaño considerable siendo mediero eran limitadas ya que los dueños de la tierra demandaban las becerras hembras. La pobreza de los comuneros indígenas de la zona facilitaba a más mestizos la compra de tierras en esta zona, pero hacia finales del siglo XIC la construcción del ferrocarril acelero el movimiento migratorio ya que despojó a los arrieros de su modo de ganarse la vida en las regiones donde originariamente se había asentado. Con el crecimiento de la población de Coalcomán, siendo que algunos de los recién llegados se veían forzados a trabajar como medieros, la migración hacia las comunidades indígenas de la costa era cada vez más atractiva, dado que estas todavía poseían tierras no divididas en las cuales el ganado podía pastar libremente.

Las comunidades que sufrieron despojos

Las primeras leyes liberales sobre la privatización de tierras comunales, incluyendo la Ley Lerdo, eran ambiguas sobre que partes del territorio comunal debían ser privatizadas. Campos empleados para cultivo eran de hecho usados y heredados por familias individuales de campesinos, por lo que su transformación en propiedades privadas era a menudo poco controvertida. En el caso de Ostula y sus vecinos esta situación se complicaba por un sistema de cultivo en el que la agricultura de tumba y quema en diferentes parcelas era importante y la explotación de varios nichos ecológicos de “grande espectro” esencial para el bienestar de las familias de la comunidad indígena. Pero, al igual que en otras áreas, un asunto crucial era que hacer con recursos tales como los bosques que realmente no estaban divididos y eran de usufructo común. Desde el punto de vista capitalista, los indígenas malgastaban recursos que eran cada vez más valiosos para la sociedad industrial. Una solución era recalcular el valor de mercado de recursos tributables tales como bosques y otros recursos usados en común desde un punto de vista capitalista. Ya que las comunidades no disponían de recursos para conseguir los montantes de dinero exigidos, tendrían que recurrir o a vender tierras o a que la confiscaran por su falta de pago de los impuestos. Esta vino a ser una poderosa arma para el despojo de las comunidades indígenas, ya que las tierras embargadas por el Estado eran vendidas al mejor postor tras un corto periodo de tiempo.

En 1851 la Ley Michoacana de División de la Propiedad Comunal incluía alguna protección para los propietarios indígenas. Las tierras no podían ser revendidas inmediatamente y supuestamente no estaba permitida la venta a grandes propietarios bajo ningún concepto. Pero las elites de Coalcomán no tenían ningún interés por proteger los Derechos de los indígenas. Muy por el contrario, al contrario que radicales como Melchor Ocampo, adoptaron las nuevas ideas que sobre “raza” fueron importadas de Europa durante el siglo XIX, viendo a los indígenas como incapaz de “progresar”. Formaron lazos comerciales con capitalistas extranjeros y tenían esperanzas de que la región recibiese más inmigración de Europa. Cuando la reforma liberal fue implementada en la región a principios de 1870, en el mismo Coalcomán, las disposiciones de la ley de 1851 fueron escandalosamente contravenidas y miembros de la elite local participaron en la “caza” de tierras a expensas de los comuneros indígenas. Aunque estos últimos protestaran con firmeza ante el gobierno del estado, bajo el liderazgo de Antonio Cándido, un líder comunitario que entendía la ley y tenia contactos con campesinos rebeldes no indígenas, ninguna de las reclamaciones legales ni la insurrección armada les resarció de sus perdidas. Aunque la predistribución de tierras no fue nunca oficialmente aprobada por el gobierno del estado, inició un proceso que llevó a la completa extinción de varias comunidades indígenas a finales de siglo. Cuando los defensores de lo que restaba de las comunidades indígenas finalmente parecía que iban a conseguir avances con una nueva reclamación legal a principios de la década de 1890, el prefecto de Coalcomán, José Merced García consiguió resolver el problema llevando a un grupo de guardias armados a masacrarlos con completa impunidad.

En los casos de Huizontla y Maquilí la reevaluación fiscal de las tierras comunales desempeñó un papel muy importante en el proceso que llevó a la desintegración de estas dos comunidades. Pero un análisis detallado de los documentos también revela el modo en el que la capacidad de las comunidades de auto defenderse era minado por faccionalismos internos y la poca fiabilidad de algunos de los apoderados no indígenas a los cuales pagaban para representarles. Muchos de estos últimos no eran abogados reales sino más bien “tinterillos”, con sus propios intereses y motivaciones (aunque estas les pudieran convertir en auténticos oponentes de la elite de Coalcomán). En el caso de Maquilí, aunque el prefecto Merced García continuó a apoyar la apropiación de recursos comunales por parte de inversores capitalistas de gran escala, un gran número de rancheros se había instalado en territorios comunales, habiéndose casado en numerosos casos con miembros de la comunidad indígena. Aunque estos invasores poseían en general más capital que la mayoría de los Nahuas, muchas de estas familias no eran ricas y se beneficiarían de la creación de un ejido de reforma agraria durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1936. En Maquilí una facción opuesta al reparto, liderada por Pedro Aguilar, había perdido inicialmente el control de la comunidad a manos de una facción apoyada por Coalcomán, pero consiguió el apoyo de la mayoría de comuneros de nuevo tras presentar pruebas de corrupción y negligencia por parte de sus rivales y del ingeniero francés Arturo de Harrivel encargado de trazar el plan inicial de reparto. Y aun así, esta aparente mudanza para mejor no impidió el que la comunidad se desintegrara rápidamente. Las mismas mediciones bajo las que se distribuyeron las tierras comunales también sirvieron para recalcular su valor fiscal. Incapaces de pagar las nuevas demandas tributarias, familias indígenas tuvieron que vender sus tierras a vecinos mestizos y migrar a Colima u otras regiones para reconstruir allá sus vidas y su identidad como proletarios rurales.

Las comunidades que sobrevivieron

Pómaro, con sus ricos bosques y su posición estratégica desde el punto de vista del acceso de Coalcomán al mar, era el siguiente objetivo para la liquidación. Pero aunque perdió parte de su territorio como consecuencia de no poder pagar las crecientes imposiciones tributarias y fue forzada a acceder a varias concesiones madereras a la Pacific Timber Company, este patrón de desarrollo tuvo su fin llegada la Revolución Mexicana de 1910. A finales del siglo XIX nuevas leyes estatales obligaban a la privatización de todos los territorios comunales y denegaba a las comunidades indígenas personalidad legal, por lo que, en teoría, no existían comunidades indígenas como tales en la zona. No obstante, en la realidad, las comunidades indígenas sobrevivieron en una especie de limbo legal, que solo llegó a su fin cuando el Nuevo Código Agrario estableció disposiciones para el Reconocimiento, Confirmación y Titulación de la Propiedad Comunal. La integridad de Pómaro como comunidad indígena estaba, no obstante, amenazada por las invasiones continuas de familias de rancheros mestizos.

Coalcomán se convirtió en uno de los centros más fuertes de la rebelión Cristera contra las políticas anti-Católicas del estado Posrevolucionario en el periodo de 1926 a 1929. El dominio de los Cristeros en esta región de hecho limitó el poder de acción del gobierno nacional en esta zona aun décadas después. Aunque las comunidades indígenas no participaron activamente en la rebelión no obstante sí ofrecieron apoyo pasivo. El general Cristero Gregorio Guillén estableció su base en territorio de Pómaro, convirtiéndose más adelante en el cacique de la comunidad con la colaboración de las autoridades indígenas hasta su asesinato en 1959. Guillén mediaba entre los rancheros mestizos y los indígenas de Pómaro, y según parece, los indígenas de Pómaro consideraban a Guillén y su gente como su aliado en la lucha por retener su territorio, aceptando a los mestizos como miembros de pleno de la comunidad indígena. No obstante, las relaciones se deterioraron tras la muerte de Guillén. Tras 1964 no se aceptaron más mestizos como comuneros, lo cual no consiguió parar el flujo de mestizos rancheros hacia tierras de Pómaro, siendo que a mediados de la década de1990 los indígenas de Pómaro controlaban menos de la mitad del territorio oficialmente reconocido como propiedad comunal por el gobierno en los 1960.

También hubo una infiltración significativa de mestizos en el territorio comunal de Coire. Estas familias provenían de una Rea conocida como El Salitre de Estopila, embargada por la Agencia Tributaria del estado por impago de impuestos en 1914, siendo que parecen haberse asentado en esa zona ilegalmente. Llegada la década de 1930, habían decidido mudarse a la cabecera de Coire trayendo consigo grandes hatos de ganado, dedicándose al comercio y la usura y pasando a controlar los cargos asociados con el gobierno municipal, todo con la connivencia de las autoridades indígenas. Sin embargo, una vez que fue aparente que las autoridades mestizas planeaban tomar el control de más tierra comunal, una mayoría de comuneros decidió expulsarles provocando una reacción violenta que resultó en la muerte de 15 indígenas. Pero el presidente Cárdenas no estaba dispuesto a tolerar masacres y envió al Ejército para completar la expulsión de los mestizos. Durante la década siguiente intentaron emular a los rancheros de Maquilí y ganar un ejido, pero irónicamente se tuvieron que conformar con ser ciudadanos de segunda dentro de la comunidad indígena de Coire después de que esta recibiese reconocimiento oficial en 1958.

Pómaro y Coire por lo tanto sobrevivieron como comunidades indígenas pero no pudieron evitar el que rancheros mestizos se instalaran permanentemente dentro de su territorio. Aunque un numero menor de mestizos también se instaló en Ostula, en contraste a lo que pasaría más tarde en Coire, estos fueron expulsados rápida y pacíficamente tan pronto como sus intenciones de ir contra el régimen de propiedad comunal fueron claras. De ahí en adelante Ostula prohibió rigurosamente el matrimonio entre mujeres indígenas y mestizos (obligando a aquellos que escogían este tipo de unión a vivir en otro lugar) y rechazó la pertenencia a la comunidad a una muy pequeña minoría de familias que estaban instaladas en la frontera de la comunidad con Aquila. Al parecer estas familias invasoras habían entrado en territorio de Ostula en 1928 usando la fuerza y con el apoyo del “jefe político” de Aquila: la comunidad se rehusó a aceptar la validez de ningún acuerdo que hubieran tenido que aceptar bajo coerción.

De hecho, durante los primeros años de la década de 1930, en el tiempo en que Pómaro se convertía en base de un cacicazgo dominado por un mestizo, Ostula se convirtió en una “comunidad corporativa cerrada” y desde entonces fue extremadamente estratégica en proteger su territorio comunal de otras invasiones. En 1950, por ejemplo, lo que hoy en día es el asentamiento de La Ticla fue recolonizado tras tener conocimiento de que un grupo de campesinos de Manzanillo, Colima había pedido al gobierno la instalación de un sistema de regadío para apoyar su plan de colonizar la zona. En 1948 el historiador François Chevalier visitó Ostula durante la fiesta de Corpus Christi. Fue recibido con la cortesía característica de la comunidad, pero también fue informado de que la comunidad tenia una “ley” (de hecho una reposición de una practica colonial) por la cual ningún forastero podía permanecer dentro de su territorio durante más de dos días. Chevalier también reportó la difícil situación en la que se encontraba el farero local, quien tenia que recibir sus alimentos por vía marítima ya que las autoridades de Ostula no le dejaban ni siquiera cultivar una pequeña huerta “ya que sus abejas irían a necesitar de todo el bosque comunal”.

El Estado y la defensa del territorio del Ostula

Aunque Ostula adoptó medidas defensivas para proteger su territorio, también empleó estrategias activas para eliminar posibles demandas futuras. Estas culminaron en la petición para al Certificación del Título de Propiedad Comunal hecho al Departamento Agrario del gobierno federal en 1952. Aunque el Ingeniero García Coria fue enviado a Ostula para realizar el trabajo de inspección preliminar en julio de 1959, la emisión del decreto presidencial que reconocería los derechos de Ostula se retrasaría hasta 1964 debido a una crisis política interna en la comunidad cuyo resultado fue la remoción de su representante agrario y la elección de un nuevo líder. La crisis incluía acusaciones de abusos de poder y torturas de disidentes por soldados federales llamados a la comunidad para este menester. Aunque su resolución implicó la intervención de autoridades fuera de la comunidad, quienes insistieron que el papel desempeñado por los “cabecillas” en el gobierno de la comunidad (siendo que su influencia no era directa y era más en la “sombra”) tenia que acabar, fue la determinación del resto de los comuneros de no aceptar el ejercicio arbitrario de poder lo que forzó la intervención de las autoridades en primer lugar. Esta crisis, junto con varios conflictos de similar importancia durante las tres décadas siguientes también reflejaban como las estructuras de poder y autoridad del pasado estaban siendo desestabilizadas por la creciente participación de lideres comunitarios, tanto ya establecidos como aspirantes a líderes, en redes políticas mas extensas, en un marco de importantes cambios sociales. La emergencia de los maestros bilingües hijos de la comunidad como actores políticos ha contribuido especialmente a la historia reciente de conflictos entre diferentes facciones. No obstante, la historia política de la comunidad durante la segunda mitad del siglo XX también nos muestra que los esfuerzos por formas grupos cerrados que dominaran totalmente los asuntos de la comunidad no fueron exitosos en Ostula, y que los líderes no fueron muy inteligentes al olvidarse de que la asamblea comunal todavía mantiene la autoridad.

Aunque el presidente Alfonso López Mateos firmó el decreto presidencial confirmando el derecho de Ostula a poseer 19,032 Hectáreas en abril de 1964, la comunidad nunca ha recibido la posesión definitiva de sus tierras, puesto que se ha negado a aceptar los lindes establecidos por el acta provisional de posesión hecha en aquel año. El problema de los lindes no fue resuelto por un número subsiguiente de visitas de ingenieros enviados por el gobierno en respuesta a campañas por parte de la comunidad, en parte porque algunas autoridades a veces mostraron un claro favoritismo hacia intereses no indígenas pero también porque siempre ha habido una discrepancia significativa entre el concepto indígena de “territorio” íntimamente conocido y vivido y las abstracciones basadas en líneas de demarcación entre marcas geográficas que los ingenieros producen en sus oficinas. Sin importar las diferencias políticas entre facciones de la comunidad, todas están de acuerdo en que es necesario continuar a mantener el control absoluto sobre todo el territorio comunal y sus recursos. Las gentes de esta región conceptualizan su “comunidad” como un grupo organizado de personas con una identidad única que tienen control exclusivo de un territorio. Este tipo de idea es muy diferente de la visión oficial de Ostula como “comunidad agraria” definida por la adjudicación de 19,032 Hectáreas a 591 individuos cuyos derechos sobre la tierra son reconocidos por el Estado.

Enlace a la memoria de François Chevalier sobre su visita a Ostula (en francés). Este documento se encuentra en otro sitio de Internet y se abre en una nueva ventana.

Base de datos de trascripciones de las Hijuelas del Distrito de Coalcomán (documentos en castellano)

Las comunidades indígenas de la costa antes del reparto liberal

Map of Indigenous Communities

 

Jose Guadalupe Romero (1814-1866)
geógrafo y canónigo de la catedral de Morelia

Lithograph of Jose Guadalupe Romero

 

José Merced García (1866-1906)
Prefecto de Coalcomán

Photo of Prefect of Coalcoman and his wife

 

Plano de las tierras de Maquilí trazado
por Ing. Arturo Harrivel, 1900

Plan of Maquili

 

1906, telegrama de Pedro Aguilar, representante de la ex-comunidad de Maquilí, pidiendo la suspensión de la subasta de tierras comunales embargadas por falta de pago de impuestos (Hijuelas de Coalcomán)

Telegram requesting suspension of auction of embargoed land

 

Plano informativo del territorio comunal de Ostula, una de las bases del proceso de certificación y titulación de bienes comunales, 1959

Informational plan of Ostula territory

 

1979. Ponencia del Consejo Supremo from Náhuatl sobre el problema de linderos en Ostula, explicando como dicho problema surgió del desempeño del funcionario encargado de llevar a cabo la entrega de la posesión de las tierras comunales en 1964, firmada por el comisariado de bienes comunales de Ostula, José de la Cruz Crisóstomo (Documento del Registro Agrario Nacional, Ciudad de México)

Document on Ostula Boundary Problems

 

Acta de una asamblea comunal, sobre los derechos de algunos mestizos que radicaban dentro del territorio comunal. La comunidad está dispuesta a aceptar su presencia como arrendatarios pero nunca como hijos del pueblo como los mismos derechos que los indígenas (RAN)

Act of Assembly on Mestizos Rights in Community

Content John Gledhill (john.gledhill@man.ac.uk)